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Viernes, 08 Agosto 2014 00:00

Mersuv celebró primer foro sobre servicios públicos

 
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El foro se celebró en el salón Roraima del CTE Cachamay El foro se celebró en el salón Roraima del CTE Cachamay Foto Iván García Marrero

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Anunciado y cumplido. El Movimiento Estudiantil Revolucionario Socialista Unido de Venezuela (Mersuv) celebró su tercer foro para la ciudadanía conjuntamente con los jueces del estado Bolívar, en nombre de la articulación entre las instituciones públicas y el “poder popular” que pregonan a todo viento.

El presidente del Mersuv, Orlando Guzmán, fue el encargado de esbozar la generalidad del foro titulado Servicios públicos, justicia para el pueblo: una actividad con la que buscan instruir al colectivo sobre cómo los tribunales pueden abogar por ellos en caso de la interrupción de un servicio por parte de una institución pública.

Las ponencias estuvieron a cargo de la jueza superior en lo contencioso administrativo del estado, Betti Ovalles; por la jueza primera ordinario y ejecutor de medidas del municipio, Ana Vallee; y por la jueza del Juzgado Tercero del municipio, Arelis Medrano.

El espíritu de la ponencia destacó, en primer lugar, los derechos a un ambiente sano, al patrimonio cultural y artístico, a la moralidad administrativa, al goce de los espacios públicos, así como las prerrogativas que tienen los consumidores. Todo ello, además de contemplado en la Constitución Nacional, sirve como marco jurídico para hablar de los servicios públicos.

Pero el quid de la exposición se basó en la explicación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Lojca), específicamente en su apartado referido a los servicios públicos, el cual contempla la posibilidad de denunciar el cese del disfrute de provisiones como el agua, gas, energía eléctrica, alimentos, seguridad social, salud, recreación, y los servicios de correo y radiodifusión. En 5 pasos, la jueza Vallee explicó el procedimiento “de forma expedita y sin necesidad de abogado”.

Del reclamo a la sentencia

Lo primero es la introducción del reclamo sobre “la omisión, demora o deficiente prestación” del servicio púbico, por vías de hecho o por abstención, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo respectivo. En este caso el demandante deberá presentar los documentos que acrediten los trámites realizados ante la institución prestadora del servicio exigiendo la mejora respectiva.

A esto le sigue la admisión del reclamo por parte del tribunal, que citará a la institución demandada exigiéndole la presentación de un informe que explique los motivos de la falla. El incumplimiento de este último requisito será penado con multas que van desde 50 a 100 unidades tributarias. El tribunal, además, podrá decidir si aplican medidas cautelares.

El siguiente paso es la celebración de una audiencia oral, en la que cada parte presentará sus pruebas, mientras el tribunal propicia la conciliación. El cierre será la emisión de una sentencia que indique: medidas inmediatas para restablecer el servicio, medidas que garanticen su “eficiente continuidad”, y las sanciones que tengan lugar.

Guzmán anunció que el próximo paso será la creación de mesas de trabajo en las comunidades, donde se precisen los problemas de servicios públicos y se articulen procedimientos para mejorar su calidad. La articulación de esfuerzos sigue su curso. Los resultados quedan en la expectativa.

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